Espacio Público Efectivo en el área urbana del Distrito de Santiago de Cali

EPE

La Constitución Política de Colombia de 1991 entiende el espacio público como un derecho colectivo de toda la población residente y visitante de los asentamientos humanos colombianos y como tal, el estado es el garante y responsable de regular dichos lugares en función de satisfacer las necesidades colectivas y no las individuales. Adicionalmente, la constitución política dota al espacio público de una la doble función, es decir, la función social y función ecológica. Por medio de la primera se permite el encuentro ciudadano de manera universal y sin discriminación alguna y por medio de la función ecológica se conserva, valora y protege al resto de seres vivos que habitan en el espacio público y de esta manera a la calidad de vida de los habitantes y visitantes del Distrito.
Bajo esta lógica la propiedad en Colombia siempre debe cumplir la función social y ecológica y como tal se encuentra dividida en bienes de la unión y bienes privados. Los bienes de la unión objeto de este estudio se clasifican en bienes fiscales y bienes de uso público y en ambos casos su titularidad se encuentra en cabeza del estado colombiano y regulados por las normas de derecho público a diferencia de los bienes de las personas jurídicas o naturales (República de Colombia, 1873).

Posteriormente por medio de la, la Ley 9ª de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra, Venta y Expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, define el espacio público como el “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” (Artículos 5° y 2°, respectivamente). Posteriormente, la Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, establece el espacio público como un sistema estructurante del territorio el cual debe estar presente en la planificación territorial materializada en los Planes de Ordenamiento Territorial - POT.

Un año después el gobierno nacional expide el Decreto 1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, retomando las disposiciones anteriores y principalmente realiza la clasificación de los elementos que componen el sistema de espacio público en: elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios.
Bajo estas directrices normativas de superior jerarquía Santiago de Cali, formula y adopta el Plan de Ordenamiento Territorial - POT del Municipio de Santiago de Cali Acuerdo 069 del 2000 en el cual se reconoció el sistema de espacio público como sistema estructurante, articulador y regulador de las condiciones ambientales y sociales de territorio.

A nivel mundial se dio inicio a abordar los indicadores entre los años sesenta y setenta apareciendo la expresión de calidad de vida en debates en torno al medio ambiente y sus condiciones, comenzando a definirse como un concepto integrador y multidimensional. En el año 1993 se establece un programa de indicadores urbanos recopilando en 237 ciudades, información que sirvió de base para los documentos presentados en la conferencia de las naciones unidas sobre los asentamientos humanos (Hábitat II), celebrada en Estambul en el año 1996. Es así, como muchas ciudades empezaron a desarrollar trabajos sobre su calidad de vida en especial las más industrializadas que contaban con sistemas estadísticos nacionales y optaron por mantener su propia recopilación de datos con los cuales se identificaron las mejores ciudades para vivir. A partir de lo cual, nace la referencia de indicadores urbano, con el fin de reflejar las preocupaciones sociales y soportar la toma de decisiones desde datos estadísticos y análisis de sus resultados.